El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, durante lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, se canceló la posibilidad de emitir facturas a 2,204 empresas comercializadoras relacionadas con la venta ilegal de combustible. La medida impide que esas compañías continúen utilizando el sistema fiscal para documentar operaciones que, de acuerdo con la autoridad, no correspondían con una actividad comercial real o no cumplían con sus obligaciones tributarias.
El dato fue retomado por la presidenta durante su conferencia matutina, al explicar que las empresas tenían cancelado su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La suspensión afecta una función esencial para cualquier operación formal: la emisión de comprobantes fiscales. Sin esa capacidad, una empresa pierde la posibilidad de respaldar legalmente sus ventas, deducciones y transacciones comerciales ante el fisco.
La irregularidad no estaba solo en el combustible, sino en la operación documentada
Sheinbaum señaló que algunas de las compañías no cumplían con sus responsabilidades fiscales, mientras que otras podían operar como “factureras”. Con ese término se identifica a las empresas que emiten comprobantes por bienes o servicios que en realidad no fueron vendidos, entregados o prestados. En el caso descrito por la mandataria, se habría facturado combustible sin que las compañías hubieran transportado físicamente el producto.
La diferencia es relevante porque una factura no demuestra por sí misma que una mercancía haya existido o llegado a su destino. Para acreditar una operación de combustible se requiere que exista correspondencia entre el volumen comercializado, el transporte, el almacenamiento, los permisos sectoriales, los pagos y los registros fiscales. Cuando esos elementos no coinciden, la factura puede convertirse en una herramienta para dar apariencia legal a una transacción inexistente o irregular.
La cancelación del RFC constituye una acción administrativa y fiscal; no equivale automáticamente a una sentencia penal contra cada empresa. Sin embargo, sí representa una interrupción importante de su capacidad para operar dentro del mercado formal y puede abrir la puerta a revisiones adicionales, determinación de créditos fiscales o investigaciones de otra naturaleza, dependiendo de las pruebas reunidas en cada expediente.
El combate continúa porque el esquema puede desplazarse
La presidenta reconoció que, pese a los avances, el delito de emisión de facturas por operaciones inexistentes todavía persiste en México. El problema no se limita a los combustibles: también puede involucrar otros productos o servicios que aparecen en los registros contables sin que exista una actividad comercial comprobable.
La permanencia de este fenómeno revela que la cancelación de contribuyentes es solo una parte de la estrategia. Una red puede sustituir rápidamente a una empresa sancionada por otra, utilizar prestanombres o fragmentar operaciones entre varias sociedades. Por ello, el efecto duradero depende de que el SAT pueda relacionar la información fiscal con los movimientos financieros, los permisos regulatorios, las rutas de transporte y la trazabilidad física del producto.
En el mercado de combustibles, esa verificación adquiere una importancia adicional. La mercancía tiene un valor elevado, se mueve a través de cadenas logísticas complejas y está sujeta a controles específicos. Una discrepancia entre lo comprado, lo transportado y lo facturado no solo afecta la recaudación: también puede ocultar contrabando, distribución fuera de los canales autorizados o mecanismos de defraudación que distorsionan la competencia frente a las empresas que sí cumplen.
La otra línea de control pasa por las aduanas
Durante la misma explicación, Sheinbaum recordó que en lo que va de su administración se retiraron 63 permisos a agentes aduanales por irregularidades relacionadas con el contrabando de combustibles y otras faltas. La cifra amplía el alcance de la política anunciada: la vigilancia no se concentra únicamente en quienes venden o facturan, sino también en los puntos donde las mercancías ingresan, salen y son formalmente registradas.
La mandataria vinculó estas acciones con la reforma a la Ley Aduanera, que establece una mayor corresponsabilidad de los agentes aduanales cuando se comete un delito o se presenta una irregularidad en las operaciones de comercio exterior. Bajo ese enfoque, el agente no es únicamente un intermediario que tramita documentos, sino un participante obligado a revisar que la información y la mercancía cumplan con los requisitos legales.
También se retiraron permisos de recintos fiscales en los que, según lo expuesto por la presidenta, se detectó incumplimiento de las obligaciones correspondientes. Esto muestra que el control pretende abarcar toda la cadena: desde la entrada o almacenamiento del combustible hasta su facturación y comercialización.
La eficacia se medirá por la trazabilidad, no solo por el número de bajas
Las 2,204 cancelaciones y los 63 permisos retirados ofrecen una dimensión cuantitativa de la intervención gubernamental, pero por sí solos no permiten medir cuánto se redujo el mercado ilegal. Para evaluar resultados será necesario conocer cuántos expedientes derivaron en sanciones firmes, cuánto dinero se recuperó, qué operaciones fueron desarticuladas y si las empresas sancionadas dejaron realmente de participar mediante nuevas razones sociales.
El reto institucional consiste en convertir distintos registros en una cadena verificable. El SAT puede identificar facturas sospechosas; las autoridades aduaneras pueden detectar inconsistencias en importaciones y exportaciones; las áreas regulatorias pueden revisar permisos, y las autoridades de seguridad pueden investigar el origen o destino del combustible. Si esos datos permanecen aislados, las sanciones pueden ser puntuales. Si se integran, permiten seguir el producto y responsabilizar a quienes intervienen en cada etapa.
La estrategia también deberá equilibrar firmeza y seguridad jurídica. La cancelación de un registro puede proteger al erario y al mercado formal, pero debe sustentarse en procedimientos revisables para evitar afectar a empresas que puedan demostrar la legitimidad de sus operaciones. El verdadero alcance de la medida dependerá de que el gobierno logre cerrar los espacios que permiten facturar sin transportar, importar sin declarar o comercializar sin dejar una huella comprobable.
