El Gobierno del Estado reveló que 60 de los 190 elementos de la Policía Municipal de Tecate se encuentran incapacitados. Esta proporción equivale a casi uno de cada tres agentes fuera de servicio, algunos desde hace varios años. El dato expuso una situación que afecta directamente la capacidad operativa de la corporación en un municipio fronterizo con alta incidencia delictiva.
De problema administrativo a posible fraude
La información trascendió durante la conferencia matutina estatal y dejó de ser un asunto de recursos humanos para convertirse en objeto de investigación penal. Autoridades confirmaron la apertura de carpetas contra policías y también contra personal médico del Issstecali por la presunta expedición irregular de certificados de incapacidad. El secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, señaló que algunos agentes incapacitados continuarían laborando en actividades ajenas a la seguridad pública.
Las pesquisas apuntan a que varios elementos habrían obtenido incapacidades para dedicarse a empleos como taxistas o para realizar trabajos en Estados Unidos mientras siguen recibiendo su sueldo como policías. Esta práctica, de confirmarse, representaría un desvío sistemático de recursos públicos y una erosión de la confianza institucional en la corporación.
Expedientes que conectan con delitos graves
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la fiscal Ma. Elena Andrade Ramírez confirmaron que uno de los casos bajo escrutinio involucra a un agente vinculado presuntamente con un homicidio calificado. Este elemento habría solicitado la incapacidad mientras se encontraba fuera del país, con el objetivo de conservar su plaza y eludir una posible detención. El caso ilustra cómo el mecanismo de incapacidades médicas pudo ser utilizado para proteger a personas con presuntos nexos delictivos dentro de la propia institución.
Las investigaciones aún se encuentran en etapa inicial. Sin embargo, las autoridades han señalado que las carpetas podrían extenderse tanto a quienes solicitaron las incapacidades como a los médicos que las autorizaron. El ritmo con el que avancen estos expedientes determinará si el sistema de control interno del Issstecali y de la propia corporación policial requiere reformas estructurales.
Impacto operativo y contexto regional
La ausencia de casi un tercio de la plantilla policial en Tecate coincide con una etapa en la que la delincuencia organizada mantiene presencia activa en la zona fronteriza. La falta de personal disponible para patrullajes reduce la capacidad de respuesta inmediata y genera una percepción de vulnerabilidad entre la población. Las autoridades estatales han indicado que se buscará reasignar recursos para cubrir los turnos críticos mientras se resuelven las investigaciones.
El caso de Tecate no es aislado. En administraciones anteriores ya se habían registrado quejas sobre el uso prolongado de incapacidades médicas en corporaciones municipales de Baja California. La diferencia actual radica en la decisión de vincular estas ausencias con posibles conductas fraudulentas y en la disposición de la Fiscalía para avanzar en las pesquisas.
Implicaciones para la seguridad fronteriza
La revelación de que algunos agentes incapacitados podrían estar laborando en territorio estadounidense añade una dimensión transfronteriza al problema. Esta situación plantea interrogantes sobre los mecanismos de verificación que deberían existir entre las instituciones de seguridad mexicanas y sus contrapartes del otro lado de la frontera. La gobernadora ha solicitado mayor coordinación para evitar que plazas públicas se utilicen como cobertura para actividades no autorizadas.
El escrutinio sobre las incapacidades médicas también pone de relieve la necesidad de revisar los protocolos de evaluación del Issstecali. Si los certificados se emitieron sin los controles adecuados, el daño no se limita a los recursos económicos, sino que afecta la legitimidad de la institución policial ante la ciudadanía que espera protección efectiva.
Las autoridades han señalado que las investigaciones continuarán y que se aplicarán las sanciones correspondientes si se acreditan las irregularidades. El desenlace de estos expedientes marcará un precedente sobre cómo se gestionan las ausencias por motivos de salud dentro de las corporaciones de seguridad en el estado.
