La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) entró en 2026 en una zona de debilidad que refleja algo más profundo que una mala temporada fiscal. Durante el primer semestre del año, ese ingreso cayó 6.2% real anual, de acuerdo con el seguimiento de México Evalúa, en lo que representa el segundo peor desempeño para un periodo similar en 26 años, solo por detrás del derrumbe observado en 2009, en plena crisis financiera global.
El ajuste no fue homogéneo. Mientras el ISR empresarial se hundió 11.8% en el primer trimestre, equivalente a 61.4 mil millones de pesos que dejaron de entrar al erario, las retenciones por nómina avanzaron 7.4%. La lectura es clara: la carga tributaria se ha desplazado hacia los trabajadores formales, mientras las empresas pierden capacidad para generar utilidades y cumplir con sus obligaciones. En términos fiscales, ese equilibrio es frágil porque depende de que el empleo formal siga creciendo al ritmo suficiente para compensar la debilidad empresarial.
Los datos oficiales refuerzan ese diagnóstico. El INEGI reportó que la economía mexicana creció solo 0.6% en 2025 y acumuló 1.2% en la primera mitad de 2026. A la par, la inversión fija bruta suma dos años consecutivos de caídas y registra un retroceso anual cercano a 3%, una señal de que ni la inversión pública ni la privada están aportando el impulso necesario para revertir la tendencia. En el mercado laboral, el IMSS informó la pérdida de 19,550 empleos formales en julio, con 243 mil puestos creados en lo que va del año, una cifra insuficiente para una economía de esta escala.
Las expectativas tampoco ayudan a corregir el panorama. La encuesta de especialistas del Banco de México anticipa un crecimiento de apenas 1.2% para este año y prevé que el país no rebasará el umbral de 2% antes de 2028. Además, la probabilidad de una contracción en el tercer trimestre subió de 21.5% a 28.2%, reflejo de que el estancamiento dejó de ser una hipótesis marginal para convertirse en un escenario que el mercado ya incorpora en sus cálculos.
El problema antecede al actual gobierno, pero no ha sido corregido por la administración de Claudia Sheinbaum. El sexenio anterior cerró con el menor crecimiento promedio en décadas, una inversión pública concentrada en proyectos emblemáticos de rentabilidad discutida, un déficit fiscal récord y una reforma judicial que introdujo incertidumbre en un momento en que el nearshoring exigía reglas claras. La nueva administración recibió ese conjunto de desequilibrios y, hasta ahora, ha optado por una línea de continuidad que mantiene abiertas las mismas restricciones.
La ausencia de una reforma fiscal, la falta de un estímulo convincente a la inversión privada y la presión que sigue ejerciendo Pemex sobre las finanzas públicas han estrechado el margen de maniobra del gobierno. La apuesta oficial ha descansado en el consumo interno y en las remesas como soportes del crecimiento, pero esos flujos no sustituyen una base productiva sólida. Cuando las utilidades empresariales se comprimen, la recaudación cae; cuando la recaudación cae, el Estado se financia con deuda o reduce gasto; y cuando más compañías se ven empujadas a la informalidad, la base tributaria se achica de forma duradera.
Ese encadenamiento explica por qué el deterioro del ISR no puede leerse solo como una variación estadística. En un país donde casi seis de cada diez pesos del ingreso federal provienen de ese impuesto, la menor rentabilidad empresarial tiene efectos directos sobre la capacidad del Estado para sostener programas, inversión e infraestructura. Sin empresas rentables no hay empleo formal sostenible, y sin certeza jurídica ni condiciones de inversión, la recuperación pierde piso. La factura del estancamiento ya no se limita a las cuentas públicas: también está redefiniendo el tamaño y la calidad de la economía formal.
