La discusión sobre cuánto debe invertir México en la primera infancia vuelve al centro de la agenda pública justo cuando el Gobierno federal prepara el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027. El momento no es menor: las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán qué programas tendrán continuidad, qué territorios recibirán prioridad y qué tan visible será el gasto destinado a niñas y niños de los primeros años de vida.
Durante la inauguración de la 6a Jornada Nacional de Inversión en Primera Infancia, representantes de UNICEF México, Save the Children, la Cámara de Diputados, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Banco Mundial coincidieron en que la inversión temprana no puede reducirse a una partida aislada. La salud, la nutrición, la educación inicial, la protección y los cuidados forman una cadena: cuando uno de esos eslabones falla, los recursos destinados a los demás pierden eficacia.
Fernando Carrera, representante de UNICEF México, resumió el argumento con una frase que condensa la dimensión del problema: sin un buen comienzo de la vida, no hay una buena vida. La afirmación no alude únicamente al bienestar inmediato. Los primeros años determinan, en buena medida, las capacidades de aprendizaje, la salud futura, la posibilidad de incorporarse plenamente a la escuela y, más adelante, las oportunidades de empleo e ingresos.
El presupuesto como reflejo de las prioridades nacionales
La primera infancia suele competir por recursos con necesidades públicas más visibles y políticamente urgentes. Las obras de infraestructura, la seguridad, los subsidios generalizados o las respuestas ante una emergencia producen resultados que pueden observarse en plazos relativamente cortos. En cambio, los beneficios de una buena alimentación, una atención médica oportuna y una educación inicial de calidad se acumulan durante años y no siempre pueden atribuirse de inmediato a una decisión presupuestaria concreta.
Esa diferencia temporal ayuda a explicar por qué la inversión temprana puede quedar fragmentada entre dependencias y programas. Un servicio de salud puede atender a la madre y al recién nacido; otra institución puede ofrecer vacunas o seguimiento nutricional; una autoridad educativa puede operar centros de educación inicial; y los sistemas de protección pueden intervenir ante casos de violencia o abandono. Sin coordinación, el Estado termina financiando acciones parciales sin garantizar que una niña o un niño reciba una atención continua.
La exigencia de Save the Children apunta precisamente a corregir esa falta de visibilidad. Su director ejecutivo, Dirk Glass, pidió que el PEF 2027 especifique cuánto dinero se destinará a la primera infancia y en qué se utilizará. La demanda tiene una consecuencia técnica y política: si el gasto no se identifica con claridad, resulta difícil saber si aumentó, si se desplazó hacia otras prioridades o si está llegando a las comunidades con mayores carencias.
La transparencia, sin embargo, no debe limitarse a publicar una cifra agregada. Un presupuesto etiquetado para la primera infancia puede ocultar diferencias importantes entre una transferencia monetaria, la ampliación de una guardería, la contratación de personal médico o la construcción de sistemas de agua potable en una comunidad. Cada intervención resuelve una parte distinta del desarrollo infantil y requiere indicadores específicos de cobertura, calidad y resultados.
La brecha que produce el empleo formal
El diputado Arturo Olivares Cerda señaló uno de los principales problemas de la actual estructura de cuidados: la mayoría de los recursos públicos se concentra en instituciones de seguridad social. En la práctica, eso vincula el acceso a servicios de cuidado infantil con la condición laboral de los padres. Quienes tienen un empleo formal pueden contar con prestaciones institucionales, mientras que las familias que trabajan por cuenta propia, en actividades informales o con ingresos inestables enfrentan una oferta más limitada.
La consecuencia es una desigualdad que se reproduce en varios niveles. Una madre sin seguridad social puede tener más dificultades para conseguir atención médica continua, dejar a su hija en un espacio seguro mientras trabaja o acceder a orientación sobre nutrición y crianza. Si debe reducir sus horas laborales para asumir esos cuidados, disminuyen los ingresos del hogar; si mantiene su actividad, puede depender de redes familiares sobrecargadas o de servicios informales cuya calidad no siempre está supervisada.
El problema no se resuelve únicamente construyendo más centros de cuidado. También es necesario definir quién puede acceder, en qué horarios, bajo qué estándares y con qué mecanismos de supervisión. En zonas rurales o comunidades dispersas, un modelo basado exclusivamente en instalaciones grandes puede ser poco viable. Allí pueden resultar más efectivos servicios comunitarios, brigadas de salud, apoyos para agentes locales capacitados y esquemas de atención que articulen escuela, clínica y autoridades de protección.
La universalidad, por tanto, no significa ofrecer exactamente el mismo servicio en todos los lugares. Significa que el origen social, el tipo de empleo de los padres o el territorio de residencia no determinen de antemano las posibilidades de desarrollo de una niña o un niño. La política pública necesita combinar un piso común de derechos con soluciones ajustadas a las condiciones de cada población.
Del gasto fragmentado a una estrategia de cuidados
La declaración de que el desarrollo infantil requiere integrar salud, educación inicial, nutrición, protección y cuidados plantea un cambio de enfoque. Durante mucho tiempo, las políticas dirigidas a la niñez se organizaron alrededor de instituciones y no de las trayectorias concretas de las familias. Una misma persona podía recibir apoyo alimentario en un programa, atención médica en otro y servicios de cuidado en un tercero, sin que existiera un expediente común ni una evaluación conjunta.
Esta fragmentación tiene costos económicos. Cuando un problema nutricional no se detecta a tiempo, pueden aumentar las dificultades de aprendizaje y la necesidad de apoyos posteriores. Cuando no existe atención adecuada para la salud materna o neonatal, se elevan los riesgos que después demandan tratamientos más complejos. Cuando los servicios de cuidado son insuficientes, las familias pueden retirar a las mujeres del mercado laboral o aceptar empleos precarios, reduciendo la base de ingresos y de contribuciones fiscales.
Invertir mejor implica reconocer esas conexiones. Un programa puede demostrar eficiencia administrativa y, aun así, producir resultados modestos si no se articula con los demás. Por eso la discusión presupuestaria debería incorporar metas compartidas: seguimiento del desarrollo, reducción de brechas nutricionales, acceso efectivo a educación inicial, atención a la discapacidad y protección frente a la violencia. Medir solo el número de beneficiarios puede dar una imagen favorable sin revelar si los servicios son oportunos o adecuados.
El límite fiscal obliga a elegir con evidencia
Sunny Arely Villa Juárez, investigadora y socia fundadora del CIEP, advirtió que el espacio fiscal disponible para crear nuevas políticas públicas es limitado. La observación introduce una tensión central: existe una necesidad ampliamente reconocida, pero no hay recursos infinitos para atenderla. En ese escenario, prometer una expansión general sin explicar su financiamiento puede producir expectativas difíciles de sostener y programas vulnerables ante cada ajuste presupuestario.
Ampliar el espacio fiscal puede requerir mejorar la recaudación, revisar exenciones, ordenar programas duplicados o reorientar recursos de intervenciones con bajo impacto. Ninguna de esas decisiones es automática. Supone identificar quién se beneficia del gasto actual, qué costos tendría modificarlo y cómo proteger a los hogares que dependen de determinados apoyos. La primera infancia no debería convertirse en la justificación de recortes indiscriminados en otras áreas sociales, pero tampoco puede avanzar con base en asignaciones simbólicas.
En ese punto, la calidad del gasto es tan relevante como su volumen. Un peso adicional puede tener efectos muy distintos según se destine a personal especializado, alimentos, infraestructura básica, formación de cuidadores o tareas administrativas. La exigencia de publicar datos desagregados por territorio, población y tipo de servicio permitiría comparar resultados y dirigir los recursos hacia las brechas más profundas, en lugar de distribuirlos solo conforme a la capacidad de gestión de cada entidad.
La pregunta decisiva: qué cambia en la vida diaria
Clemente Ávila Parra, economista sénior en Protección Social del Banco Mundial, planteó que el debate ya no debe centrarse únicamente en cuánto invertir, sino en cómo traducir esa inversión en mejores resultados. La pregunta obliga a pasar de la lógica de la asignación a la de la efectividad. Un aumento presupuestario no garantiza por sí mismo mejores servicios si existen vacantes sin cubrir, compras deficientes, instalaciones inaccesibles o sistemas que no identifican a las familias excluidas.
La evaluación tendría que observar resultados concretos: si una niña recibe atención preventiva durante sus primeros años, si un niño con discapacidad obtiene apoyo temprano, si una familia puede acceder a alimentos suficientes o si los padres encuentran un servicio de cuidado compatible con su jornada laboral. También debería considerar la continuidad. La cobertura de un solo año no compensa la interrupción de terapias, controles médicos o apoyos educativos cuando cambia la administración o se agota el presupuesto.
La discusión del PEF 2027 puede convertirse así en una prueba de madurez de la política social mexicana. Si las autoridades presentan una clasificación clara del gasto, priorizan los territorios con mayores brechas y vinculan el financiamiento con indicadores verificables, podrán construir una base para una política de cuidados más amplia. Si se limitan a sumar programas sin coordinación ni evaluación, el aumento nominal del presupuesto tendrá un efecto menor y difícil de sostener.
La primera infancia no es solo un sector que solicita recursos: es el punto en que se define la capacidad futura de la sociedad para reducir desigualdades. Las decisiones presupuestarias actuales influirán en la salud, la educación, la participación laboral de las mujeres y la movilidad social durante décadas. En un contexto fiscal restringido, la prioridad no se demuestra con declaraciones, sino con dinero identificable, servicios accesibles y resultados que puedan comprobarse en la vida cotidiana de las familias.
