La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, presentó ocho proyectos de ley al cumplir sus primeros 100 días de gobierno. El paquete amplía una agenda legislativa que ya incluía 12 iniciativas sobre seguridad, impunidad y justicia, además de una propuesta para eliminar las pensiones de expresidentes. Las nuevas medidas abarcan infraestructura urgente, Ciudad Gobierno, controles públicos, acceso al crédito, seguros agropecuarios, formación virtual y reducción de la brecha digital.
Infraestructura y gasto público, prioridades del Ejecutivo
La iniciativa sobre obras urgentes busca crear un procedimiento acelerado para intervenir puentes, centros educativos y otras instalaciones que representen un riesgo inminente para la vida, la salud o la seguridad. Fernández sostuvo que la legislación actual permite actuar cuando la emergencia ya ocurrió, pero no facilita prevenir daños mayores. El planteamiento adquiere relevancia tras las inundaciones recientes en Limón y coloca la prevención como argumento central para flexibilizar los trámites, bajo reglas específicas.
Ciudad Gobierno volverá a ser impulsada mediante una legislación especial, paralela a la reforma de los artículos 66 y 67 de la Ley General de Contratación Pública. El proyecto pretende concentrar instituciones estatales y reducir alquileres, con un ahorro estimado de USD 26 millones anuales para destinarlos a escuelas, puentes y obras sanitarias. La propuesta también reabre el enfrentamiento institucional con la Contraloría: el Ejecutivo plantea modernizar sus leyes orgánicas y de control interno, aunque asegura que mantendrá la fiscalización de los recursos públicos.
En materia económica, la reforma de la llamada “ley de usura” busca ampliar el acceso al crédito formal, que Fernández vincula con la expansión de los préstamos informales “gota a gota” y con riesgos de lavado de dinero y crimen organizado. El paquete incorpora además seguros para agricultores y pescadores afectados por inundaciones, sequías y cambios climáticos. También propone transformar el INA para ofrecer capacitación virtual fuera del horario de oficina y reorganizar la gestión de FONATEL, con el objetivo de acelerar la inversión en conectividad. Fernández pidió que los ocho proyectos ingresaran ese mismo día a la corriente legislativa, donde deberán enfrentar el debate y la negociación parlamentaria.
