El mercado laboral español ha conseguido en la última década un avance relevante: la Seguridad Social cuenta hoy con 2,37 afiliados por cada pensionista, frente a 2,08 en junio de 2016. La cifra, en apariencia técnica, encierra una de las claves del equilibrio del sistema público de pensiones. No habla solo de empleo; habla de la capacidad de sostener una de las grandes partidas del gasto social en un país que envejece con rapidez y donde la masa de pensionistas sigue creciendo a un ritmo constante.
Esa mejora, sin embargo, no debe leerse como una garantía de estabilidad duradera. El dato nacional convive con una realidad territorial muy desigual. Baleares supera los 3,48 ocupados por pensionista, Madrid alcanza 3,31 y Almería 3,06, mientras Orense apenas llega a 1,14, Lugo a 1,35 y León a 1,38. La geografía de la dependencia revela dos Españas laborales y demográficas: una, dinámica, con fuerte tracción de empleo y población activa; otra, envejecida, con menos relevo generacional y menor densidad de cotizantes. Esa brecha condiciona la recaudación, pero también la provisión futura de servicios públicos y la capacidad de sostener economías locales cada vez más inclinadas hacia el retiro.
La evolución de la ratio ayuda a entender el momento actual. En junio de 1990, esta relación entre afiliados y pensionistas rondaba el 2%; en 2007 se acercó al 3%, en pleno ciclo expansivo y antes del golpe de la crisis financiera. Después perdió fuelle y volvió a moverse en torno a niveles más modestos, hasta llegar al 2,37 actual. El impulso reciente responde a un mercado laboral que ha creado empleo de manera sostenida y a una afiliación media que crece al 2,77% anual, casi el doble que el número de pensionistas. Pero también revela un límite: el sistema mejora porque el empleo resiste, no porque haya resuelto su reto estructural. Si el empleo se desacelera o si el paso de la generación del baby boom a la jubilación se acelera, la relación volverá a tensionarse.
La composición del colectivo pensionista explica parte de esa presión latente. De los casi 9,5 millones de beneficiarios, 6,6 millones cobran pensión de jubilación; el resto se reparte entre viudedad, incapacidad permanente, orfandad y prestaciones a favor de familiares. Eso significa que el grueso del gasto no depende de situaciones excepcionales, sino de una base amplia y creciente de personas retiradas. La AIReF prevé que los pensionistas se aproximen a 16 millones en las próximas décadas, con una población en edad de trabajar cercana a la actual, unos 36 millones. En términos simples, habrá más personas recibiendo prestaciones sin que el lado productivo del país crezca al mismo ritmo. La consecuencia no será solo contable: tocará la negociación salarial, la recaudación, la política fiscal y la organización del gasto autonómico.
La discusión sobre pensiones se ha endurecido precisamente porque el sistema ha entrado en una etapa en la que ya no basta con confiar en el ciclo económico. El Gobierno ha pactado reformas con los agentes sociales para reforzar ingresos y contener desequilibrios futuros, consciente de que la próxima década no se parecerá a la anterior. La jubilación masiva de la generación nacida entre finales de los cincuenta y mediados de los setenta pondrá a prueba un modelo que ya absorbe una parte muy significativa de la financiación pública. Si el número de pensionistas crece más deprisa que la base de cotizantes, el Estado tendrá que decidir entre elevar cotizaciones, ampliar transferencias desde impuestos generales, retrasar decisiones de gasto o aceptar más presión sobre la deuda.
Ese dilema tendrá efectos visibles en los territorios más frágiles. En provincias con baja densidad de empleo y alto peso de mayores, como las del noroeste peninsular, una ratio corta no solo refleja envejecimiento: anticipa menor capacidad para sostener comercio, vivienda, transporte y servicios sanitarios con actividad interna. En cambio, regiones como Baleares o Madrid se benefician de una estructura demográfica más favorable y de un mercado laboral más robusto, aunque no están inmunes al encarecimiento de la vivienda ni a la estacionalidad o la concentración de sectores de alto valor. La ratio de dependencia, por tanto, no es un simple indicador estadístico; es un termómetro de cohesión territorial y de desigualdad económica.
Lo decisivo, a medio plazo, será si España logra que el empleo siga creciendo en cantidad y en calidad al menos al ritmo necesario para sostener el sistema. No basta con aumentar afiliados; importa cuánto cotizan, con qué salarios, y durante cuántos años permanecen en empleo estable. Un mercado más productivo y menos precario sostiene mejor las pensiones que otro basado en alta rotación o salarios bajos. De esa ecuación dependerá que el aumento actual de cotizantes por pensionista sea el inicio de una nueva base sólida o solo una tregua antes de la gran ola demográfica que ya asoma.
