Madrid, 16 ago (EFE).- La rehabilitación energética se perfila en España como una vía doble: reducir el consumo y las emisiones de los edificios, y recuperar viviendas que hoy no pueden incorporarse al mercado por su deterioro. Casi el 60 % del parque residencial fue construido antes de 1980, antes de que existieran exigencias mínimas de eficiencia, por lo que afronta una transformación pendiente antes de 2050, en línea con los objetivos europeos de descarbonización.
Un parque envejecido con margen de mejora
La intervención debe priorizar la envolvente del edificio, con mejoras en fachadas, cubiertas, ventanas y aislamiento, además de sistemas de climatización basados en energías renovables. El objetivo no es únicamente consumir menos, sino mantener el confort con una menor demanda energética. Esta estrategia puede reducir la dependencia de los combustibles, mejorar el comportamiento del inmueble frente al calor y el frío y limitar las emisiones asociadas al uso residencial.
La mejora también tiene efectos directos sobre la salud. Una ventilación adecuada y la reducción de humedades favorecen la calidad del aire interior y ayudan a prevenir enfermedades vinculadas a viviendas insalubres. En términos económicos, la inversión inicial puede compensarse con el descenso de los consumos y con una revalorización del inmueble que el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España sitúa, de media, en torno al 20 %.
El impacto sobre la oferta residencial puede ser especialmente relevante. Existen viviendas vacías o excluidas del mercado porque no reúnen condiciones de habitabilidad, eficiencia o seguridad. Rehabilitarlas permitiría ampliar con mayor rapidez el parque disponible sin depender exclusivamente de nuevas construcciones, una opción que requiere más suelo, tiempo y recursos. La rehabilitación, por tanto, conecta la política energética con la respuesta a la falta de vivienda.
El proyecto Rehabilitación Ciudadana, impulsado desde 2023 por organizaciones de arquitectos y asociaciones vecinales, reclama una mayor implicación pública. Sus responsables advierten de que las ayudas no bastan: hacen falta incentivos fiscales, trámites accesibles y apoyo específico para los barrios vulnerables, donde los costes y la complejidad dificultan las obras. También consideran esencial garantizar el mantenimiento posterior, porque una rehabilitación sin conservación pierde con el tiempo parte de sus beneficios energéticos, económicos y sociales.
