Claudia Sheinbaum presentará este 1 de septiembre su Segundo Informe de Gobierno con un dato destinado a ocupar el centro del balance: el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 42.5 en julio de 2026, según cifras oficiales. La disminución de 51% ofrece a su administración el argumento más sólido para defender que su estrategia de seguridad produjo resultados medibles durante los primeros 23 meses de gestión.
El indicador tiene relevancia no sólo por su magnitud, sino por la comparación histórica que propone el gobierno: julio de 2026 habría registrado el promedio diario más bajo desde 2015. Entre enero y julio, el promedio fue de 48.6 homicidios diarios, el menor para ese lapso desde 2016. En un país donde la violencia letal ha condicionado la evaluación de sucesivos gobiernos, esa mejora modifica el punto de partida político del informe presidencial.
La reducción abre una discusión más exigente
La caída en homicidios es un avance relevante, pero no resuelve por sí misma la pregunta sobre la solidez de la seguridad pública. El desafío ahora consiste en determinar si la tendencia puede mantenerse en territorios con alta capacidad criminal y si se traduce en una menor percepción de riesgo para las comunidades. Un descenso nacional puede coexistir con focos regionales de violencia, extorsión, desapariciones o control delictivo que siguen afectando la vida cotidiana.
La administración federal atribuye el resultado a una Estrategia Nacional de Seguridad organizada en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación entre autoridades federales y estatales. El planteamiento combina una continuidad institucional con una mayor centralidad de las capacidades de investigación. Su prueba no será únicamente reducir asesinatos, sino aumentar la capacidad del Estado para desarticular estructuras financieras, redes de reclutamiento y mecanismos locales de impunidad.
Durante los primeros meses del gobierno, las fuerzas federales reportaron más de 63 mil detenciones por delitos de alto impacto, además de decomisos de armas y drogas. Entre las operaciones relevantes figura la realizada el 22 de febrero contra Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Estas acciones permiten al Ejecutivo sostener que la estrategia no se limita a la prevención social; sin embargo, su impacto debe medirse también por la continuidad de las investigaciones, las sentencias obtenidas y la reducción de la capacidad operativa de los grupos criminales.
La seguridad también cruza la frontera
El informe llega en un momento en que la relación con Estados Unidos amplía el alcance de la agenda de seguridad. Washington mantiene presiones sobre México en asuntos como migración, tráfico de drogas y cooperación contra organizaciones criminales. A ello se suman las acusaciones estadounidenses relacionadas con el exgobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, un asunto que puede elevar el costo político de la interlocución bilateral y poner bajo escrutinio la respuesta institucional mexicana.
Sheinbaum ha insistido en una fórmula de cooperación sin subordinación. El 26 de agosto afirmó que existe comunicación permanente entre ambos gobiernos y que México defenderá sus principios. Esa posición busca preservar margen de decisión nacional, pero exige resultados verificables: mientras más fuerte sea la presión estadounidense, más importante será que México pueda acreditar investigaciones propias, intercambio de información con reglas claras y capacidad para contener la violencia sin aceptar esquemas de injerencia.
El reto bilateral no se limita a la seguridad. Los aranceles y la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá colocan al gobierno frente a una negociación donde comercio, migración y combate al narcotráfico pueden entrelazarse. La experiencia reciente muestra que los temas fronterizos rara vez se discuten de forma aislada. Por ello, el Segundo Informe también funciona como un mensaje hacia los socios comerciales: México busca mostrar estabilidad interna para defender sus intereses en una etapa de mayor incertidumbre económica.
La política social busca sostener el balance
En el frente interno, el gobierno presentará la continuidad y ampliación de los Programas para el Bienestar como complemento de su estrategia de seguridad y desarrollo. Adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, estudiantes y productores del campo permanecen entre los grupos prioritarios. La lógica política es clara: conservar la red de transferencias y apoyos permite sostener ingresos y presencia estatal en sectores donde las carencias económicas pueden profundizar la vulnerabilidad social.
La salud será otro de los rubros con cifras concretas. Durante 2026 se anunció la contratación de más de 14 mil médicos especialistas para el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar: 10 mil 785 para el IMSS, mil 295 para el ISSSTE y mil 956 para IMSS-Bienestar. De enero a julio se otorgaron 31.7 millones de consultas de especialidad en esas instituciones, frente a 19.7 millones en el mismo periodo de 2022. El aumento de 60% en la atención especializada apunta a una expansión de cobertura, aunque el indicador no despeja por sí solo los desafíos de abasto, tiempos de espera y distribución territorial de los servicios.
La vivienda completa esta agenda de bienestar. El programa Vivienda para el Bienestar tiene como meta construir 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, una escala que convierte su ejecución en una prueba de coordinación financiera, urbana y territorial. Si los proyectos se concentran donde existen empleo, transporte, agua y servicios, pueden reducir rezagos estructurales; si se levantan lejos de esas condiciones, el volumen de construcción no garantizará por sí mismo mejores condiciones de vida.
El informe fija una vara para el siguiente año
El balance de Sheinbaum combina una mejora estadística contundente en homicidios con problemas cuya resolución depende de factores más complejos que una sola administración: la fortaleza local de las instituciones, la relación con Estados Unidos y la capacidad de convertir el gasto social en derechos efectivos. El Segundo Informe no será únicamente un recuento de cifras. Al colocar la seguridad como su principal activo, el gobierno eleva la expectativa sobre su siguiente etapa: sostener la reducción de violencia, responder con autonomía y eficacia a la presión externa, y demostrar que los avances sociales pueden consolidarse más allá del anuncio presupuestal.
